Temer sanciona una polémica ley que beneficia a militares pese al rechazo de la ONU y la OEA

La sanción presidencial de la ley fue publicada este lunes en el Diario Oficial de la Unión sólo con un veto al artículo que limitaba la vigencia de la norma por un año, con lo que la decisión terminó convirtiendo la legislación en permanente.

El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Diputados en septiembre y refrendado por el Senado el pasado martes, cuando las organizaciones de defensa de los derechos humanos iniciaron una campaña para pedirle al jefe de Estado que lo vetara.

La iniciativa generó una gran polémica debido a que fue aprobada en momentos en que un decreto permite la participación de hasta 10.000 miembros de las Fuerzas Armadas en operaciones de orden público en el estado de Río de Janeiro hasta finales de 2018.

Los militares han sido utilizados en las últimas semanas en diferentes operaciones para combatir las bandas de narcotraficantes que dominan algunas favelas de Río de Janeiro.

La nueva ley garantiza la competencia de los tribunales militares en los crímenes dolosos contra civiles cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas precisamente ocurridos en operaciones de seguridad pública ordenadas por la Presidencia y el Ministerio de Defensa.

Igualmente transfiere a los tribunales militares los juicios de miembros de las Fuerzas Armadas por crímenes contra civiles en operaciones «que involucren la seguridad de institución militar o de misión militar, incluso que no sea beligerante, o en actividades de naturaleza militar, de operación de paz y de garantía de seguridad pública».

La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) pidieron que la ley fuera vetada por considerar que puede favorecer a militares acusados de violaciones a los derechos humanos.

En un comunicado conjunto divulgado en Santiago de Chile el pasado viernes ambos organismos argumentaron que la iniciativa impide la posibilidad de una investigación independiente e imparcial realizada por autoridades judiciales no ligadas a la jerarquía de mando de las propias fuerzas de seguridad.

«La justicia militar solo debe juzgar a militares acusados de crímenes de carácter exclusivamente militar o infracciones de disciplina militar», expresó el representante para América del Sur del Acnudh, Amerigo Incalcaterra, en el comunicado.

En su opinión, la ley «representa un grave obstáculo» para un juicio justo e imparcial, ofende el principio de la igualdad ante la ley, y relativiza las garantías plenas del debido proceso legal «y también las normas internacionales de derechos humanos».

«La ley restablece una práctica común de las dictaduras en América Latina, cuando los militares se juzgaban a sí mismos en los casos de homicidios de civiles», alertó por su parte la directora de Human Rights Watch para Brasil, María Laura Canineu.

El comando de las Fuerzas Armadas en Brasil y los congresistas que aprobaron el proyecto alegan que la transferencia de esos juicios a tribunales militares es necesaria para ofrecer «protección jurídica» a los soldados en operaciones de orden público.

El Ministerio Público de Brasil, que también defendió el veto de la ley, anunció que cuestionará la constitucionalidad de la iniciativa ante la Corte Suprema.

«La Corte Suprema ha dejado claro que la competencia de la justicia militar está restringida a crímenes típicamente militares», según la directora de la Procuraduría Federal para los Derechos del Ciudadano, Deborah Duprat. EFE

AM